El Pleno ordinario del mes de abril ha aprobado la nueva ordenanza municipal que regula el uso, la seguridad, la protección ambiental y la convivencia en las playas de Puerto Real, con el objetivo de garantizar un disfrute ordenado y sostenible del litoral.
La norma se basa en cuatro pilares fundamentales: la seguridad, la salubridad, la conservación del medio ambiente y la convivencia ciudadana, sin sustituir la normativa estatal, pero adaptando el uso de las playas al ámbito municipal.
Uno de los aspectos más destacados es su marcado enfoque ambiental. La ordenanza considera las playas como un espacio natural sensible y establece medidas para proteger el litoral, reducir residuos, preservar ecosistemas y minimizar impactos. En este sentido, se prohíbe arrojar o abandonar cualquier tipo de basura y se refuerza la gestión responsable de los residuos.
Especial relevancia tiene la implantación de la separación selectiva obligatoria en “islas verdes” en playas como La Ministra, La Cachucha y Los Espigones, lo que supone un avance hacia una mayor implicación ciudadana en el reciclaje. La ordenanza incluye un título específico para prohibir arrojar colillas y residuos de tabaco o vapeo y para prever zonas libres de humo. Este es un punto muy importante en clave ambiental, porque ataca uno de los residuos más frecuentes y dañinos en playas.
También se regula el uso responsable del agua, limitando el uso de duchas y lavapiés, y se ordenan aspectos como la zonificación de las playas, las actividades, la presencia de animales o la protección de espacios sensibles como el Parque Natural.
El concejal Antonio Gil ha señalado que “esta ordenanza refuerza el compromiso municipal con la protección del litoral y establece normas claras para compatibilizar el disfrute de las playas con su conservación”. Además, ha añadido que “con medidas como el reciclaje obligatorio o el control de usos damos un paso adelante hacia un modelo más sostenible”.
La ordenanza incluye igualmente un régimen de vigilancia e infracciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas y evitar conductas que dañen el entorno natural o afecten a la convivencia.
